El amparo y aliento de los medios de producción privados así como la necesidad para que estos subsistan y se lucren de contar con mano de obra –cuanto más barata y mansa mejor- como principios inherentes al Sistema Capitalista en el que estamos inmersos, son dos factores fundamentales a la hora de valorar lo que está ocurriendo, especialmente en la Comunidad de Madrid -feudo puntero en lo que a neoliberalismo económico se refiere- con la progresiva privatización de la enseñanza y lo que este hecho conlleva: la descalificación y deterioro desde el ámbito gubernamental de la pública, la segregación de los alumnos y el apoyo absoluto y fundamental a la iniciativa privada convertida en negocio educativo.
La derecha no es tal porque los girondinos se sentaran en esa parte de la Asamblea Nacional Francesa, sino que está basada en mantener y acrecentar mayores diferencias sociales día a día para que la mayor parte de los ciudadanos estén al servicio físico, laboral, económico y hasta ideológico de un estamento pequeño, cerrado y privilegiado que acapara el poder, lo controla a su antojo y convierte las libertades civiles en un instrumento a su medida e interés, soltando cuerda lo suficiente como para que no se produzca una rebelión que ponga en peligro su continuidad pero asegurando en todo momento, mantener invariables y protegidos los principios que regulan esta situación de profunda diferenciación social.
La Marquesa rubia, la musa del Sr. Dragó, Esperanza Aguirre, es un baluarte dentro de esta política y por eso, la Comunidad de Madrid, en un obsesivo afán por privatizar cuanto le es posible, aunque se bordee la ley en diversas ocasiones y sin descartar que en más de una hayan “metido el pie” en el otro lado, está llevando a cabo una verdadera cruzada contra la sanidad y enseñanza públicas, limitando sus recursos, sembrando sobre ellas la desconfianza y alimentando el rechazo social sobre servicios tan esenciales como trascendentales para los ciudadanos y de ese modo, abonar el camino para dignificar y promover la iniciativa privada en dichas áreas mientras mantiene la pública como gueto donde arrinconar a los colectivos que considera inferiores, con menos derechos y cuyo bienestar ha de ser el suficiente, no más, para permitirles estar al servicio de la élite dominante.
Y ese camino, en el caso de la enseñanza, empieza por utilizar recursos de todos, es decir, suelo público para cedérselo a empresarios privados y que salven de ese modo el obstáculo de conseguir un emplazamiento para un Centro escolar convertido en franquicia docente. En Madrid se está otorgando terrenos de titularidad pública para levantar colegios en los que en muchas ocasiones, como privados que son, se exige cumplir un ideario para poder acceder a los mismos. Esto significa que el dinero público sirve para fomentar ideologías particulares. ¿Es eso democrático o vulnera el principio de que todos tenemos derecho a una enseñanza plena, íntegra, completa, eficaz y gratuita, así como la obligación de los poderes públicos de que los centros docentes reúnan los requisitos que la Ley establezca?. Pero esa ley de mínimos y en muchos casos ni eso, aplicada a los colegios públicos para denostar su imagen y “forzar” a los padres a llevar a sus hijos a un centro privado, es un ajustarse con tibieza a la legalidad en un alarde de cinismo y ruindad, negando medios a lo público y regalándoselos a lo privado.
En la Comunidad de Madrid la mayor parte de los alumnos los últimos años han sido matriculados en centros privados y por supuesto, ¿quiénes son los que se han quedado en los públicos?, pues aquellos que por ser inmigrantes o tener algún tipo de limitación padecen dificultades idiomáticas o de cualquier otra índole; son los escolares extranjeros (sólo los procedentes de las zonas más deprimidas), los de garantía social o los de compensación educativa. En una frase: los parias de la Sociedad. De nuevo la enseñanza al servicio de un sistema económico que para perdurar necesita crear diferencias y desigualdad, pues es la base de su existencia y esta conducta infame está eliminando el derecho universal a una escolarización adecuada, socavando la seguridad de los alumnos y pisoteando la parte humana de tan fundamental etapa en la vida de una persona, se está convirtiendo en un mecanismo al servicio del poder y estableciendo desde los primeros años en la existencia de un ser humano quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores en esta Sociedad.
En el caso de Madrid, el más sangrante de todo el Estado, se penaliza a la enseñanza pública a favor de la privada. No hay plazas suficientes en la primera pero hay suelo y centros levantados con dinero de todos para la segunda; las ayudas para financiar la privada chocan con la desasistencia y desamparo flagrante en que se ve sumida la pública. El resultado: Madrid es la Comunidad en la que más alumnos se matriculan en la privada, tanto iniciales como salidos de la pública y en cambio, en esta última, es donde llegan más escolares con problemas de inserción, adaptación, lenguaje y aquellos que viven en una situación social más precaria. Dicho de otro modo: los ricos sobreviven en los hospitales privados, los pobres mueren en los públicos. Los niños con posibles son formados en centros privados, los que no disponen de medios o aquellos que provienen de los segmentos más desfavorecidos, son agrupados y mal atendidos en colegios públicos abandonados por parte del Gobierno regional. Y en ningún caso, que quede muy claro, es por desidia, falta de interés o pocas aptitudes de los trabajadores al frente de estos servicios, que hacen verdaderos milagros por cumplir con su labor aún sin recursos para ello, sino que es una estrategia dirigida desde el poder y orientada a mantener un sistema elitista y discriminador.
Este “acoso y derribo” de la escuela pública si fuese la iniciativa de un particular sería en todo caso lamentable pero algo anecdótico, ya que no pasaría de las intoxicaciones a las que nos tiene acostumbrados la derecha mediática; pero cuando es organizado, secundado y mantenido desde quien tiene bajo su responsabilidad las competencias en materia de educación de cientos de miles de personas, se convierte en una cuestión intolerable por cuanto supone de agravio a los ciudadanos que no se dividen en categorías, tal y como nos pretenden hacer creer desde esos ámbitos y es una cuestión muy peligrosa que se transforma en el germen de futuras exclusiones sociales y de la marginalidad, la discriminación y el sometimiento de unos seres al arbitrio y los intereses de otros.
Un niño es una criatura moldeable y vulnerable. Negarle una educación tutelada en lo que a medios completos y suficientes por parte del Estado se refiere es un crimen y supone condenarle de por vida en nombre de unas leyes de mercado aberrantes. En 1792, en un “Informe y Proyecto de decreto sobre la organización general de la instrucción pública” se decía: “ … de este modo establecer entre los ciudadanos una igualdad de hecho, y hacer real la igualdad política reconocida por la ley: tal debe ser el primer objetivo de una instrucción nacional y, desde este punto de vista, constituye para el poder público un deber de justicia”. Y aún mucho antes Aristóteles explicaba que: “Puesto que el fin de toda ciudad es único, es evidente que necesariamente será una y la misma la educación de todos, y que el cuidado por ella ha de ser común y no privado…”. Pero parece que tantos siglos después, el sector más reaccionario del Partido Popular considera que segregar a los niños ya durante su periodo de aprendizaje, es el método más seguro para que el día de mañana no peligren los intereses de aquellos que anteponen su beneficio personal a cuestiones tan sagradas como han de ser la educación o la sanidad. Esta actitud conservadora a ultranza, por más que consiga esquivar la ilegalidad, es un crimen, repito, en tanto en cuanto está permitiendo que aquellos que no tienen medios suficientes, se mueran en situaciones en las que sobreviven los que tienen la capacidad económica para costearse una sanidad privada; al igual que está creando muertos en vida, porque ese es el resultado de tan injusto comportamiento: el propiciar una existencia miserable a los que recogen los despojos de una educación cada vez más carente de medios adecuados para ser impartida de un modo eficiente.
Y vaya desde aquí el reconocimiento, la admiración y el agradecimiento a todos los docentes y a los que desempeñan cualquier otra labor en un centro público, por su alto grado de compromiso, sacrificio, vocación y dedicación, actitudes todavía más valiosas cuando desde la Administración, se les niega lo más esencial para llevar a cabo su trabajo y que sin duda, son capaces de realizar gracias a su inmensa valía tanto personal como profesional. De ellos, y no de aquellos que sólo pretenden domesticar y de paso lucrarse, deberían de aprender el Sr. Carlos Mayor Oreja y la Sra. Esperanza Aguirre, cuyo comportamiento hacia los madrileños con mayor desprotección, sean de origen o de adopción, es mezquino, vergonzoso, insultante y abyecto en quien prometió en la toma de posesión de su cargo estar al servicio de TODOS los ciudadanos.
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Y ese camino, en el caso de la enseñanza, empieza por utilizar recursos de todos, es decir, suelo público para cedérselo a empresarios privados y que salven de ese modo el obstáculo de conseguir un emplazamiento para un Centro escolar convertido en franquicia docente. En Madrid se está otorgando terrenos de titularidad pública para levantar colegios en los que en muchas ocasiones, como privados que son, se exige cumplir un ideario para poder acceder a los mismos. Esto significa que el dinero público sirve para fomentar ideologías particulares. ¿Es eso democrático o vulnera el principio de que todos tenemos derecho a una enseñanza plena, íntegra, completa, eficaz y gratuita, así como la obligación de los poderes públicos de que los centros docentes reúnan los requisitos que 
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En el caso de Madrid, el más sangrante de todo el Estado, se penaliza a la enseñanza pública a favor de la privada. No hay plazas suficientes en la primera pero hay suelo y centros levantados con dinero de todos para la segunda; las ayudas para financiar la privada chocan con la desasistencia y desamparo flagrante en que se ve sumida la pública. El resultado: Madrid es 
Este “acoso y derribo” de la escuela pública si fuese la iniciativa de un particular sería en todo caso lamentable pero algo anecdótico, ya que no pasaría de las intoxicaciones a las que nos tiene acostumbrados la derecha mediática; pero cuando es organizado, secundado y mantenido desde quien tiene bajo su responsabilidad las competencias en materia de educación de cientos de miles de personas, se convierte en una cuestión intolerable por cuanto supone de agravio a los ciudadanos que no se dividen en categorías, tal y como nos pretenden hacer creer desde esos ámbitos y es una cuestión muy peligrosa que se transforma en el germen de futuras exclusiones sociales y de la marginalidad, la discriminación y el sometimiento de unos seres al arbitrio y los intereses de otros.
Un niño es una criatura moldeable y vulnerable. Negarle una educación tutelada en lo que a medios completos y suficientes por parte del Estado se refiere es un crimen y supone condenarle de por vida en nombre de unas leyes de mercado aberrantes. En 1792, en un “Informe y Proyecto de decreto sobre la organización general de la instrucción pública” se decía: “ … de este modo establecer entre los ciudadanos una igualdad de hecho, y hacer real la igualdad política reconocida por la ley: tal debe ser el primer objetivo de una instrucción nacional y, desde este punto de vista, constituye para el poder público un deber de justicia”. Y aún mucho antes Aristóteles explicaba que: “Puesto que el fin de toda ciudad es único, es evidente que necesariamente será una y la misma la educación de todos, y que el cuidado por ella ha de ser común y no privado…”. Pero parece que tantos siglos después, el sector más reaccionario del Partido Popular considera que segregar a los niños ya durante su periodo de aprendizaje, es el método más seguro para que el día de mañana no peligren los intereses de aquellos que anteponen su beneficio personal a cuestiones tan sagradas como han de ser la educación o la sanidad. Esta actitud conservadora a ultranza, por más que consiga esquivar la ilegalidad, es un crimen, repito, en tanto en cuanto está permitiendo que aquellos que no tienen medios suficientes, se mueran en situaciones en las que sobreviven los que tienen la capacidad económica para costearse una sanidad privada; al igual que está creando muertos en vida, porque ese es el resultado de tan injusto comportamiento: el propiciar una existencia miserable a los que recogen los despojos de una educación cada vez más carente de medios adecuados para ser impartida de un modo eficiente.
Y vaya desde aquí el reconocimiento, la admiración y el agradecimiento a todos los docentes y a los que desempeñan cualquier otra labor en un centro público, por su alto grado de compromiso, sacrificio, vocación y dedicación, actitudes todavía más valiosas cuando desde 
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